El alcance en Navarra de la STS de 16 de octubre de 2018 sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas


La normativa en Navarra es diferente a la de Régimen Común

19/10/2018

        Tal y como profusamente se han hecho eco los medios de comunicación, la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de octubre de 2018 ha rectificado su doctrina anterior (entre otras sentencias de 19 de noviembre de 2001, 20 de enero, 20 de junio y 31 de octubre de 2006) declarando, en la vía práctica, que son las entidades bancarias las que deben hacerse cargo del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y no el prestatario.

        Obviamente, se ha abierto inmediatamente un interesante debate acerca de las posibilidades de reclamación de las cantidades indebidamente pagadas por los prestatarios-adquirentes de viviendas.

        En este sentido, a fuerza de ser rigurosos, se hace preciso en Navarra un primer acercamiento para determinar si nos encontramos en la misma situación que la resuelta por el Tribunal Supremo y, por ende, si el prestatario navarro puede tener las mismas opciones de reclamación que el de régimen común.

        En el Régimen Común, el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido e la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados define el sujeto pasivo del Impuesto, diciendo:

"Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan."

        Por su parte el artículo 68.2 del Reglamento de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado, aprobado por Real Decreto 825/1995, de 29 de mayo, que dice:

"Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario."

        Como puede fácilmente apreciarse, el Reglamento añade la mención “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”. Esto es lo que el Tribunal Supremo anula en su sentencia de 16 de octubre de 2018, por entender que constituye “un evidente exceso reglamentario”, en la medida en que entiende que es el acreedor hipotecario el “sujeto en cuyo interés se documenta en instrumento público el préstamo que ha concedido y la hipoteca que se ha constituido en garantía de su devolución”, por lo que la mención reglamentaria vulnera el principio de jerarquía normativa.

        La situación no es la misma en Navarra.

        Nuestro Texto Refundido de las Disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 159/1999, de 26 de abril, (norma, por tanto, con rango de Ley)  en su artículo 21, (según la redacción dada por el artículo 4.11 de la Ley Foral 18/2006, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias) define el sujeto pasivo:

"Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que los insten o soliciten, o aquéllos en cuyo interés se expidan.

Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario" 

        Y, el Reglamento aprobado por Decreto Foral 165/1999 de 17 de mayo, contiene exactamente la misma mención

"Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario."

        No se realiza, por tanto, ningún añadido en la norma reglamentaria sobre la previsión legal, que, en Navarra, al contrario del régimen común, es la que contiene la previsión anulada por el Tribunal Supremo, por lo que difícilmente puede pretenderse su anulación por vulneración del principio de jerarquía normativa.

        Otra cosa es la discusión sobre quien deba ser el sujeto pasivo del impuesto, pero ello ya no corresponde al aplicador del impuesto sino al legislador.

        Se ha de ser, por tanto, prudente, en Navarra, a la hora de plantearse la posibilidad de reclamar el reintegro de las cantidades pagadas a la Hacienda Foral en concepto de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por la constitución de préstamos con garantía hipotecaria.

 

      Texto integro de la Sentencia