No cabe el apremio mientras esté pendiente de resolver un recurso de reposición


Importante matización al principio de ejecutividad de los actos administrativos, en aplicación del principio de buena administración, efectuada por el Tribunal Supremo

07/10/2020

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2020 (rec. 5751/2017) analiza el principio de ejecutividad de los actos administrativos, basado a su vez en la presunción de legalidad de que gozan,  a la vista de la pretensión de la administración fundamentada en  “atribuirle un valor absoluto, casi sagrado, a la presunción de legalidad y a la consiguiente ejecutividad del acto administrativo, así como que la interposición del recurso de reposición no suspende la ejecutividad”.

El Tribunal Supremo pone de manifiesto que , con ello, se olvida “entre otras normas también preceptivas, que tal recurso no fue resuelto oportunamente, como era deber jurídico insoslayable, dando lugar a la ficción del silencio.”

El Auto de admisión del recurso de casación, de 14 de marzo de 2018, consideró de interés casacional objetivo

 “Determinar si se puede iniciar el procedimiento de apremio de una deuda tributaria, cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de la que trae causa, sin haber recaído resolución expresa, con sustento en que la liquidación tributaria impugnada no fue suspendida”.

El Alto Tribunal efectúa algunas consideraciones de alcance, afirmando que:

“..aceptar que pueda dictarse una providencia de apremio en un momento en que aún se mantiene intacto para la Administración el deber de resolver expresamente, el cual no cesa por el mero hecho de la pendencia de recursos contra los actos presuntos -y, por ende, eventualmente, con la posibilidad, no muy estadísticamente frecuente, de que el recurso de reposición fuera estimado, con anulación del acto impugnado en reposición, que es hipótesis que no parece tener a la vista la comunidad murciana recurrente- es dar carta de naturaleza a dos prácticas viciadas de la Administración y contrarias a principios constitucionales de innegable valor jurídico, como los de interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE); y servicio con objetividad a los intereses generales ( art. 103 CE) -que no se agotan en la recaudación fiscal, tal como parece sugerirse, sino que deben atender a la evidencia de que el primer interés general para la Administración pública es el de que la ley se cumpla y con ello los derechos de los ciudadanos)” (…)

 “ La primera práctica, no por extendida menos aberrante, es la de que el silencio administrativo sería como una opción administrativa legítima, que podría contestar o no según le plazca o le convenga” (…)

 “La segunda práctica intolerable es la concepción de que el recurso de reposición no tiene ninguna virtualidad ni eficacia favorable para el interesado, aun en su modalidad potestativa, que es la que aquí examinamos. En otras palabras, que se trata de una institución inútil, que no sirve para replantearse la licitud del acto, sino para retrasar aún más el acceso de los conflictos jurídicos, aquí los tributarios, a la tutela judicial.”

Concluye con la siguiente interpretación, citando expresamente “el principio de buena administración -que cursa más bien como una especie de metaprincipio jurídico inspirador de otros”:

“1) La Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, potestativo u obligatorio, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa, como es su deber, pues el silencio administrativo no es sino una mera ficción de acto a efectos de abrir frente a esa omisión las vías impugnatorias pertinentes en cada caso.

2) Además, no puede descartarse a priori la posibilidad de que, examinado tal recurso, que conlleva per se una pretensión de anulación del acto, fuera atendible lo que él se pide. De esa suerte, la Administración no puede ser premiada o favorecida cuando no contesta tempestivamente las reclamaciones o recursos, toda vez que la ejecutividad no es un valor absoluto, y uno de sus elementos de relativización es la existencia de acciones impugnatorias de las que la Administración no puede desentenderse”.

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 28/05/2020